Análisis con Germán Concha: “Verdades incómodas”

No hay plata. La frase fuerte, gráfica, fue planteada más de una vez por el Presidente de Argentina, el actual Presidente de Argentina, Javier Milei, en su primer discurso al asumir el cargo. Reflejaba la visión que él tenía respecto de la situación económica de Argentina al asumirlo, como decía, y por lo tanto, en cierta manera, lo que se venía, si yo le digo al país, podrá entender usted que no hay plata, entonces todos entenderemos que lo que se viene es un plan de austeridad, porque si no hay recursos, lo que hay que hacer, lo entendemos todos, insisto, es ahorrar. En cierta forma, es una suerte de contrapunto, contraposición abierta, aquel cliché que se ha instalado en el sentido que los políticos solamente mienten, sólo pueden ocultar la verdad y que las verdades difíciles, las verdades incómodas, es mejor no decirla. Más allá de las teorías económicas, más allá de los análisis respecto de por qué se llega a una crisis de ese tipo en términos económicos, insisto, la cuestión de fondo tiene que ver con cómo se administra la relación con las personas, con los votantes, con los ciudadanos, respecto de esas verdades difíciles, respecto de esas verdades incómodas. Sobre todo hoy día, cuando se nos dice que precisamente la desconfianza de la gente frente a los representantes está asociada a la idea de que esos representantes prácticamente y de manera permanente mienten, sólo mienten. Esa apreciación, creo, es injusta desde dos perspectivas. Primero porque desconoce que en todos los países del mundo y en distintos sectores de la política, hay personas que se esfuerzan todos los días por no caer en esa lógica, por plantear las verdades incómodas por incómodas que sean y por asumir, por cierto, las consecuencias de plantearla. Pero también porque a veces, en muchos casos, suelo olvidar que para que esa estrategia, la otra, la de mentir, la de no decir la verdad, la de ocultar, funcione, requiere que los votantes, las personas en general, para ir más allá del tema estrictamente político, estemos dispuestos a aceptar eso. Entremos también en esa lógica. Para poner ejemplos distintos, pero que usted seguramente recuerda, hace algunos años se estableció en Chile que la ponderación de las notas del colegio iba a aumentar a la hora de determinar los puntajes finales para postular a las universidades en Chile. ¿Qué pasó? Milagrosamente las notas de los colegios empezaron a subir y entonces, de pronto, todos los rendimientos académicos empezaron a ser mejores. Uno podría pensar que, como no se le pueden atribuir los procesos en principio a un milagro, habría que entender que probablemente la presión de los padres sobre los colegios, la presión de los propios alumnos, hizo que se relajara la exigencia para mejorar esas notas. Pero eso no fue sólo porque una parte quisiera hacerlo, sino porque ambas estaban dispuestas a hacerlo. Usted ha leído, igual que yo, que a cierto tiempo, y vamos a otro tema pero que también es de nuestro país, que usted ha leído, insisto, reportajes que hablan de médicos que otorgan licencias falsas o licencias que no corresponden. Hay ciertos estudios específicos que demuestran que en Chile se tienen más licencias por día en promedio en relación a las mismas enfermedades, que si usted compara con otros países con condiciones sanitarias parecidas y que esto, en el caso de los funcionarios públicos, es todavía más grave si usted hace estudios parecidos. Lo que suele hacer la opinión pública es criticar a los médicos que otorgan las licencias, es decir, quieren ser castigados. Todo eso está muy bien, es cierto. Las sanciones a los comportamientos que están prohibidos, el incurrir en comportamientos prohibidos deben ser sancionados. Pero eso deja una parte fuera. Hay alguien que va y que pide esa licencia. Hay alguien que va y que paga por esa licencia. Por lo tanto es parte también de ese fraude. El fraude requiere de dos. El ocultamiento o esa suerte de engaño, en algunos casos una suerte de autoengaño, una suerte de trampa en el solitario, también es parte de lo que aceptamos o estamos dispuestos a aceptar. Volviendo a la política, cuando se dice, con una cierta desazón, mira el nivel de personas que ocupan tales o cuáles cargos, mira a quién eligieron. Quizás debiéramos decir con más precisión, mira a quién elegimos, sea por quien votamos, sea por si estuvimos o no dispuestos a apoyar a candidatos que estaban dispuestos a hacer, valga la redundancia, las cosas de una manera distinta. Es decir, frente a esta idea de que la política se descompone, la representación se descompone, antes que discutir complejas modificaciones a los sistemas institucionales, sin perjuicio de que uno puede siempre discutir los perfeccionamientos al orden institucional y a los mecanismos concretos, pero antes de ello cabría preguntarse cómo nos comportamos nosotros desde la perspectiva del representado, cómo actuamos al votar, qué cosas exigimos, qué criterios usamos, en cierta manera si actuamos o no, como la lógica del sistema democrático espera que actuemos. Didiera McCloskey, la gran economista, ha planteado reiteradamente la idea de que una cosa que hay que defender, en cierta forma exigir, es lo que ella llama el adultismo. Es decir, que seamos tratados efectivamente como adultos. Es decir, personas que se hacen cargo de sus actos, asumen las responsabilidades y deciden por eso, pero deciden asumiendo las consecuencias y por lo tanto revisan, exigen. Parte del juego democrático, parte del funcionamiento del sistema tiene que ver con lo que nosotros requerimos también como votantes, con lo que pedimos, con lo que demandamos de nuestro representante. No basta solo con decir que no son lo que quisiéramos si no hacemos nada al respecto. Comento todo esto porque estamos a fin de año y como usted sabe se ha desarrollado en Chile en el último trimestre, como todos los años, el proceso de aprobación del presupuesto, el presupuesto del Estado. Uno de los elementos fundamentales, no sólo de cómo funciona el Estado, sino que cómo funciona la economía tendida a la cantidad de recursos que hay ahí. Pero también que muestra cuáles son los objetivos de la sociedad y de qué manera entendemos que se gastan esos recursos. Hemos comentado en otras ocasiones que el sistema institucional desarrolla un doble sistema de control a este respecto. Uno es que los ingresos o la mayor parte de los ingresos que provienen de los tributos tienen que ser aprobados por el Congreso para que sean aprobados por los representantes de los que pagan los tributos. Esta es la idea que originada en la Carta Magna se consolida en la Independencia de Estados Unidos al establecer el principio de que no hay tributos sin representación. La otra parte es que el gasto concreto de esos recursos tiene que ser también aprobado por el Congreso, porque eso significa no sólo un control al gobernante, sino que también la participación de nuevo de quienes pagan y de aquellos a quienes se supone que ese presupuesto ha de servir. Entonces, uno esperaría haber oído discusiones del tipo de qué pasa con los programas públicos que están duplicados. Sabemos, porque hay distintas investigaciones que lo han planteado, que hay programas duplicados. Bueno, ¿cuál se terminó? ¿Cuál se eliminó? Porque tenemos antecedentes de que la situación del país, la situación económica del país no es buena y, por lo tanto, tendríamos que entrar también en una lógica de ahorrar, no sólo de ahorrar en el sentido de gastar menos, sino que también en el sentido de gastar mejor. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo con los sistemas de evaluación de programas públicos? ¿Qué se hace con los que salen mal evaluados? ¿Se terminan? ¿Se cierran? ¿Qué pasa con la evaluación o los bonos a los funcionarios? ¿Tenemos sistemas donde todo el mundo está evaluado con la nota máxima? Cosa que usted y yo sabemos que no corresponde a ninguna distribución real de un sistema de enseñanza, de educación, en fin. ¿Es así o efectivamente tenemos rankings efectivos, sistemas que permitan incentivar un mejor rendimiento y que operen con lógica de premio castigo? ¿Se hace? Acabamos de ver que se aprobó la creación de un nuevo ministerio y ya hay una discusión respecto de que eso podría representar duplicar las funciones que hoy día tienen otros ministerios. Porque si el Ministerio del Interior deja de estar a cargo de la Seguridad Pública, entonces no se ve, dicen algunos, qué sentido tiene que exista la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General del Gobierno, que al final es una vocería, que en la gran mayoría de los países no es un ministerio, es simplemente un cargo, el vocero. Bueno, ¿estamos haciendo el estudio de cuántos cargos hay que reducir o simplemente asumimos que cada nueva situación o cada nueva modificación supone solamente agregar, solamente añadir y por lo tanto aumentar el gasto? Por cierto, todas estas son verdades incómodas porque es revisar la parte dura, difícil, reconocer que cuando se ha gastado de más en algún momento hay que pagar la cuenta, reconocer que al final aquello que llamamos el muro de la realidad se impone y por lo tanto tenemos que trabajar con esa realidad y cuando faltan recursos, cuando no hay plata, frase que no sólo aplicaba en Argentina sino que también aplica en Chile, hay que tomar las medidas correspondientes y lo que lo que procede es que los votantes, no sólo quienes ocupan los cargos, sino que los votantes también exijamos que eso se haga. Usted habrá leído seguramente en 1984 la obra de Orwell cuando se plantea la existencia del Ministerio de la Verdad, de este sistema de control de información que interviene incluso sobre el pasado para asegurarse de que la autoridad parezca teniendo siempre razón. Por cierto, esto es una imagen distópica muy dura, muy cruda sobre lo que podría ser el resultado de la desinformación, de lo que hoy día llamamos desinformación. Es cierto, y Orwell es una llamada de atención sobre este punto. El riesgo, un gran riesgo, que a veces parece que no vemos, es que parte de quienes podemos estar permitiendo que eso ocurra somos los votantes, las personas comunes, usted y yo. No sólo por eso ocurre, no sólo podríamos decir por lo que hacen los representantes, por lo que hacen quienes están en los cargos, sino que también ocurre por lo que dejamos de hacer, por la exigencia que dejamos de plantear, de mantener quienes tenemos que votar, quienes tenemos que elegir. Si reclamamos contra la representación, la solución no parece ser simplemente apelar a caudillo o a sistemas complejos que rompen las lógicas de equilibrio, parece ser partir por ejercer los derechos que a nosotros nos corresponden, sino el riesgo que corremos es que el Ministerio de la Verdad lo terminemos instalando nosotros mismos. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.