El día que España intentó EXTERMINAR a los GITANOS

Raquel de la Morena
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¡Bienvenidas, mentes curiosas! ¿Conocéis el intento de “exterminio biológico”
de los gitanos llevado a cabo por las autoridades españolas en 1749? ¿Sabíais
que el ilustrado marqués de la Ensenada estuvo detrás de aquella operación genocida?
En la actualidad, se estima que en España viven más de 700.000 gitanos,
es decir, que teniendo en cuenta que la población del país ronda los 48 millones,
los gitanos representan el 1,5% del total. Y como cualquier otro español,
son ciudadanos de pleno derecho ante la ley. Pero no siempre fue así... ni mucho menos.
La larga historia del pueblo gitano está sembrada de persecuciones, incomprensión y discriminación,
y en España, en 1749, tuvo lugar uno de sus episodios más negros, aunque pocos
son quienes han oído hablar de él, ni siquiera en España. Pero empecemos por el principio...
Aunque la escasez de pruebas documentales hace difícil establecer la línea histórica del largo
peregrinaje del pueblo gitano por el mundo, existe un consenso general sobre su origen:
el noroeste del subcontinente indio, concretamente las regiones del Punyab y el Sind. Los principales
indicios que apoyan esta hipótesis los aportan las lenguas romaníes –ya sabéis,
el conjunto de variedades lingüísticas propias del pueblo gitano–, porque los análisis apuntan
a que están enraizadas en el sánscrito y el prácrito, lenguas de aquella zona.
¿Y por qué decidieron abandonar su tierra los gitanos? Es posible que una primera oleada
migratoria se iniciara en el siglo VIII o IX, a causa de la invasión musulmana de la India.
Más adelante, en el siglo XIII, la entrada de los ejércitos mongoles en las regiones
noroccidentales del subcontinente indio impulsó una segunda oleada. Desde entonces,
el éxodo de los gitanos hacia occidente fue continuo, si bien es posible que no viajaran desde
el principio como un pueblo unido. Se cree que pudo ser en Persia donde los inmigrantes indios,
pertenecientes a diversas tribus, se casaron entre sí durante generaciones hasta conformar
un único pueblo. Posteriormente, al igual que ha sucedido siempre en cualquier sociedad humana,
la búsqueda de mejores condiciones de vida impulsó a diversos grupos de gitanos a probar fortuna
aventurándose en nuevas tierras. Así, en el siglo XIV comenzaron a atravesar el estrecho del Bósforo
y a establecer asentamientos en Europa; primero, en Grecia, y luego por el resto del continente.
La presencia del pueblo gitano en España se remonta hasta hace seis siglos,
aproximadamente. No se sabe con exactitud cuándo ni por qué ruta llegaron los primeros gitanos a la
península ibérica. Unos historiadores opinan que lo hicieron a través del estrecho de Gibraltar,
procedentes del norte de África; otros, que fue a través de los Pirineos. En cualquier caso,
el primer documento sobre los gitanos en España fue un salvoconducto que
concedió el rey Alfonso V de Aragón a un hombre llamado Juan de Egipto Menor,
fechado en Zaragoza el 12 de enero de 1425. En él se podía leer el siguiente fragmento:
“Como nuestro amado y devoto don Juan de Egipto Menor (...) entiende que debe pasar por algunas
partes de nuestros reinos y tierras, y queremos que sea bien tratado y acogido, a vosotros y cada
uno de vosotros os decimos y mandamos expresamente (...), bajo pena de nuestra ira e indignación, que
el mencionado don Juan de Egipto y los que con él irán y lo acompañarán, con todas sus cabalgaduras,
ropas, bienes, oro, plata, alforjas y cualesquiera otras cosas que lleven consigo, sean dejados ir,
estar y pasar por cualquier ciudad, villa, lugar y otras partes de nuestro señorío
a salvo y con seguridad, siendo apartadas toda contradicción, impedimento o contraste”.
Para contraste, el de aquel salvoconducto con el trato posterior que recibieron los gitanos en la
península ibérica. Al principio, la población indígena los recibió con curiosidad e incluso
fascinación por su exotismo, como si fueran peregrinos cristianos provenientes de lejanas
tierras de Oriente que vestían extraños ropajes y narraban todo tipo de historias
asombrosas. Pero aquella primera impresión no duró, y el encanto de lo extravagante y
lo misterioso dio paso al temor y el rechazo por los forasteros desconocidos a los que se
empezó a tildar de vagabundos y delincuentes.
nómada, trasladándose de unas tierras a otras a su antojo. Por un lado, aquella alta movilidad
dificultaba mucho que establecieran vínculos con la población autóctona de un lugar; por el otro,
los lugareños veían con sospecha creciente a aquellos forasteros itinerantes, ya que se
consideraba propio de bandidos vivir en los campos sin un asentamiento estable; como si el único
motivo posible para ello fuera la intención de cometer robos y huir de la acción de la justicia.
Se estima que, durante el siglo XV, entraron en la península ibérica unos tres mil gitanos.
Viajaban en grupos de entre 80 y 150 personas, liderados siempre por un varón, y era común
que se identificaran como peregrinos cristianos para buscar la protección y el salvoconducto de
los nobles, como en el ejemplo que os hemos leído antes. Con frecuencia, aquellos grupos de gitanos
guardaban relaciones de parentesco entre sí, y solían viajar siguiendo las mismas rutas. Sus
principales actividades eran la adivinación y el espectáculo. Pronto tuvieron presencia por toda
la geografía ibérica, y está documentado que, en 1498, cuatro gitanos viajaron con Cristóbal
Colón en su tercer viaje al Nuevo Mundo. Aquellos fueron los primeros gitanos que pisaron América.
Al año siguiente, en Medina del Campo, los Reyes Católicos firmaron la Real Pragmática
de 1499, por la que ordenaban a los gitanos que abandonaran su vida nómada para integrarse en
la sociedad en un plazo de sesenta días. ¿Y qué significaba integrarse según los Reyes Católicos?
Que no solo debían habitar en un domicilio fijo, sino que también estaban obligados a
adoptar un oficio y abandonar sus costumbres y su forma de vestir. Los castigos para quienes
incumplieran no eran poca cosa, porque la Real Pragmática decía lo siguiente: “(...) No anden
más juntos vagando por nuestros reinos como lo facen, o (...) salgan de nuestros reinos y
no vuelvan a ellos en manera alguna, so pena de que si en ellos fueren hallados (...) den
a cada uno cien azotes la primera vez, y los destierren perpetuamente destos reinos;
y por la segunda vez, que les corten las orejas, y estén sesenta día en las cadenas
y los tornen a desterrar (...), y, por la tercera vez, que sean cautivos por toda la vida”.
En la senda de consolidar la unificación de los reinos ibéricos bajo una sola corona, una
religión y una cultura, los gitanos, esos nómadas difíciles de controlar, con su propio idioma,
sus extravagantes ropajes y su excesiva querencia por la libertad, constituían una nota discordante.
En 1539, durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, se volvió a ordenar
a los gitanos que se asentaran y abandonaran la vida nómada, bajo pena de seis años remando en
galeras. En aquella época, ese tipo de órdenes eran difíciles de llevar a cabo en la práctica
si no se consideraban una prioridad y se destinaban grandes recursos a localizar y
castigar a los incumplidores. Sin embargo, el hijo y sucesor de Carlos I, el rey Felipe II, se acordó
de aquella disposición tras la famosa batalla de Lepanto, disputada el 7 de octubre de 1571,
en la que una coalición católica liderada por el Imperio español derrotó al Imperio otomano.
A fin de reponer sus remeros perdidos, el monarca español ordenó llevar a cabo una
redada para capturar a cualquier gitano varón que pudiese agarrar un remo y trazar círculos con él.
El año anterior, Felipe II había decretado una prohibición de entrada de los gitanos en América
y ordenado el regreso a España de aquellos que ya se encontraran allí. Pese a ello, menos de
cien gitanos fueron a parar a las galeras. Una acción similar llevada a cabo en 1619 por mandato
de Felipe III no cosechó un éxito mucho mayor: apenas doscientos gitanos acabaron en los remos.
Por cierto, un famoso veterano de la batalla de Lepanto, el escritor Miguel de Cervantes,
escribió en su obra de 1613 titulada 'La Gitanilla' –la primera de sus Novelas Ejemplares–
la siguiente descripción: “Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser
ladrones: nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y, finalmente,
salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo, y las ganas del hurtar y el hurtar son
en ellos como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte”. Y por si os lo estáis
planteando: no, no lo escribió en tono irónico. Cervantes contribuyó a fomentar la imagen del
gitano como amenaza para la sociedad, como un ser de naturaleza casi infrahumana digno de castigo.
Hay que señalar que, por aquel entonces, la acumulación de leyes en contra de la vida
itinerante de los gitanos había surtido ya efectos notables. Muchos gitanos se
habían asentado y habían abrazado la vida sedentaria, especialmente en el sur de
España. No tenían problemas de convivencia con sus vecinos, y practicaban oficios tan diversos
y prácticos como el de herrero, panadero, carpintero o albéitar, es decir, veterinario.
Por eso resultó chocante que en 1717, poco después de que los Borbones reemplazaran
a los Austrias como dinastía regente en España, el rey Felipe V no tuviera mejor
ocurrencia que obligar a los gitanos a residir en 41 municipios concretos de la geografía española,
de los cuales tan solo seis se encontraban en Andalucía: Córdoba, Jaén, Antequera,
Alcalá la Real, Úbeda y Ronda. Eso significó, como habréis deducido,
que la gran mayoría de los gitanos que ya estaban asentados tuvieran que abandonar las localidades
en las que llevaban años integrados para mudarse a uno de los 41 municipios permitidos.
Tampoco eso bastó: cuatro años más tarde, Felipe V creó un órgano denominado Junta
de Gitanos para tratar de hallar una solución definitiva a lo que seguía considerando un serio
problema. El historiador Antonio Domínguez Ortiz, en su obra 'Sociedad y Estado en el
siglo XVIII español', indica que en 1723 la Junta de Gitanos emitió una consulta en
la que se describía a los gitanos como “gente refractaria a toda idea y práctica religiosa,
como ladrones públicos y salteadores de caminos; sus mujeres entraban en los pueblos –unas con
el pretexto de mendigar, otras con el de mirar las rayas de la mano y decir la buenaventura– a
estafar y robar. Su moral sexual era nula. (...) Solo entraban en los templos para profanarlos y
acogerse al seguro de su recinto a fin de disfrutar el producto de sus latrocinios”.
Este último punto, el de que los gitanos se acogieran al asilo en sagrado refugiándose en
las iglesias cuando iban a ser detenidos, frustró bastante al poderoso Zenón de Somodevilla y
Bengoechea, más conocido por su título nobiliario, marqués de la Ensenada, quien, entre otros cargos,
ostentaba la secretaría de Hacienda y manejaba casi todas las riendas del gobierno de España.
Y es que, aunque haya pasado a la historia como un estadista y político ilustrado,
con todas las connotaciones positivas de ese término, en 1745 no le tembló el pulso a la
hora de aprobar, en referencia a aquellos gitanos que fueran localizados fuera de los términos de
los 41 municipios seleccionados, que fuese “lícito hacer sobre ellos armas y quitarles la vida”.
Pero como no se podía matar ni capturar para expulsar del país a nadie que se refugiara en una
iglesia, y dado que en España si algo no faltaba eran iglesias, el marqués de la Ensenada recurrió
a su amistad con el cardenal Valenti, nuncio papal en España –es decir, representante diplomático de
la Santa Sede–, para conseguir, en 1748, que el papa Benedicto XIV concediera una excepción para
la extracción de los gitanos de suelo sagrado, una excepción que hasta entonces solo se hacía
con los criminales más peligrosos, aquellos que habían cometido asesinato. El marqués de
la Ensenada tenía al fin vía libre para arrestar a los gitanos. Pero... ¿qué debía hacer con ellos?
Se le pasó por la cabeza enviarlos a América, pero Portugal llevaba tiempo haciendo precisamente eso,
mandarlos al Nuevo Mundo, y no había logrado librarse de sus gitanos.
Así que el marqués de la Ensenada se decantó por un enfoque más radical:
el exterminio biológico. Su plan era apresar a todos los gitanos y gitanas y encarcelarlos
por separado. De ese modo, no podrían procrear; y si no nacían nuevos gitanos... el problema se
reduciría rápidamente y desaparecería por completo en unas cuantas décadas.
Para lograr el consentimiento a su plan de exterminio por parte del nuevo monarca,
Fernando VI, quien había subido al trono en 1746, el marqués contó con la ayuda del confesor real,
el jesuita Francisco de Rávago, quien le sugirió a Fernando VI,
sin andarse por las ramas, que Dios se alegraría mucho “si el rey lograse extinguir esta gente”.
Fernando VI dio el visto bueno a la operación de exterminio, que fue denominada oficialmente
'Prisión general de gitanos', y el marqués de la Ensenada, según recoge el historiador José Luis
Gómez Urdáñez en su libro 'Los gitanos, al borde del genocidio', entregó al monarca un documento
acerca de los preparativos necesarios para llevarla a cabo con éxito: “Es menester –decía
el marqués– saber los pueblos en que están y en qué número. La prisión ha de ser en un mismo día
y a una misma hora. Antes se han de reconocer los puntos de retirada para apostarse en ellos
tropa. Los oficiales que manden las partidas han de ser escogidos por la confianza y el secreto,
en el cual consiste el logro y el que los gitanos no se venguen de los pobres paisanos”.
Por si alguna de las autoridades locales involucradas en la Gran Redada albergaba
dudas acerca de cuál era el fin último que se perseguía, en las instrucciones que se les remitió
se expresaba claramente el objetivo: “Contener el vago y dañino pueblo que infecta a España
de gitanos (...); siendo preciso remedio que debáis curar tan grave enfermedad, es el único,
exterminarlos de una vez”. Si habéis visto nuestro vídeos acerca de los diez pasos que se dan en los
genocidios, en este caso los reconoceréis sin duda, como, por ejemplo, el hecho de hablar de
las futuras víctimas como si de una enfermedad se tratasen, despojándolas de la categoría de
seres humanos para reducir así los escrúpulos morales de quienes llevarán a cabo la tarea.
El Despacho de Guerra fue el órgano encargado de planificar y distribuir en secreto las órdenes,
contenidas en sobres que debían abrirse en toda España de manera simultánea. De ese modo,
los gitanos de una localidad no tendrían tiempo de huir o esconderse alertados
por la redada llevada a cabo en otro municipio. En la operación participarían
de manera coordinada el Ejército y las fuerzas de orden público locales.
Las instrucciones, personalizadas según las características de cada ciudad,
no se dieron a conocer a los oficiales ni a las tropas hasta el 30 de julio de 1749. A las doce
de la noche de aquel día dio comienzo la Gran Redada, es decir, en la madrugada del 31 de julio.
En cada municipio, las tropas contaban con un listado de los gitanos del lugar que incluía la
dirección de sus domicilios. Irrumpieron en estos, apresaron a todos y los dividieron en dos grupos:
por un lado, los varones mayores de siete años de edad; por otro, las mujeres y las niñas,
así como los niños varones más pequeños. A los del primer grupo debían enviarlos a cumplir trabajos
forzados en los arsenales de la Marina –las galeras habían sido abolidas el año anterior,
de modo que la condena a remar en ellas había sido reemplazada por el castigo de trabajar en
los arsenales–. Las mujeres y los niños debían ir a coser y trabajar en las fábricas. Así,
los hombres arrestados fueron a parar a los arsenales de Cartagena, Cádiz y Ferrol, mientras
que las mujeres y los niños fueron enviadas principalmente a Valencia, Málaga y Zaragoza.
Aunque las cifras varían de unos historiadores a otros, se estima que por aquel entonces podía
haber algo más de diez mil gitanos en España, quizá doce mil. Nueve mil de ellos fueron
capturados en la Gran Redada. ¿Y cómo se financió la enorme operación de traslado y confinamiento
de todas esas personas? Con los bienes de los propios detenidos, que fueron confiscados y
subastados de manera inmediata para cubrir todos los gastos, desde la manutención hasta el alquiler
de barcos y carretas. Las instrucciones precisaban que, allí donde no bastasen
los beneficios obtenidos por la subasta de los bienes de los arrestados, el rey se haría cargo
de los gastos. Lo que fuera con tal de acabar con el problema gitano de una vez por todas.
Aunque muchos gitanos corrieron a refugiarse en las iglesias, no les sirvió de nada: desconocían
que, el año anterior, el Papa les había retirado el derecho de acogerse a sagrado. Poco se sabe
de la reacción de los gitanos ante todos aquellos abusos de la autoridad, aunque es más que probable
y comprensible que se resistieran ante la separación de los miembros de cada familia.
Es necesario señalar que los gitanos no escribían prácticamente nada, siempre transmitieron
su cultura de generación en generación de manera oral, de ahí que los historiadores,
para investigar su pasado, cuenten únicamente con documentos redactados por las sociedades
con las que interactuaban, lo que limita mucho la transmisión de su historia y sus opiniones ante
todas aquellas leyes coercitivas que fueron sufriendo con el paso de los años. De hecho,
esa tradición cultural tan opuesta a la palabra escrita ha pesado siempre sobre el desarrollo
educativo y la integración laboral –y por tanto, también la social– de los gitanos a lo largo de
los siglos, con tasas de analfabetismo superiores a la media que perduran en la actualidad.
Durante la Gran Redada también se cometieron errores de identificación. En la localidad
gaditana de Arcos de la Frontera, por ejemplo, las autoridades locales cometieron la arbitrariedad
de considerar gitanos a todos aquellos que practicaran el oficio de cerrajero.
En algunas localidades los payos colaboraron con las autoridades denunciando e identificando a sus
vecinos gitanos, pero no creáis que la población española les dio la espalda en bloque. Como hemos
mencionado, muchas familias gitanas llevaban largo tiempo asentados e integrados en la sociedad,
conviviendo en armonía con sus vecinos payos. Por ello, cuando se llevó cabo la Gran Redada,
muchos contaron con el apoyo de sus conciudadanos. Especialmente en Andalucía,
según relata Gómez Urdáñez: “Algunos encontraron protección del alcalde o de los notables de sus
pueblos, incluso del cura –afirma el historiador en su obra sobre el tema–.
Muchos fueron escondidos incluso en casas de nobles, otros se hicieron pasar por payos,
y hubo niños disfrazados de niñas para evitar que los separaran de las madres. Otros pagaron
a un escribano la redacción de una petición al rey solicitando que interviniera contra
aquella injusticia”. Está claro que estos últimos ignoraban que el monarca estaba al
corriente de la operación y había dado su aprobación al exterminio de los gitanos.
Aunque la redada en sí estuvo planificada de manera muy detallada, las fases posteriores del
plan, como el traslado y el alojamiento de los apresados, se dejó en manos de las autoridades
locales, que no tardaron en encontrarse con múltiples dudas acerca de cómo actuar. Por
un lado, no contaban con los recursos humanos ni materiales para una operación tan grande;
no sabían dónde alojar a tantos prisioneros, por no hablar de los dilemas que se les planteaban
a cada paso, empezando por el hecho de que los padrones de gitanos estaban incompletos,
y debían interrogar a los gitanos detenidos para identificar a aquellos que estuvieran ausentes
y proceder a su arresto en una segunda fase. Pero... ¿debían detener a todos
los gitanos sin ninguna excepción? ¿También a aquellos que hubiesen alcanzado el estatuto
de cristiano viejo al ser descendientes de cristianos por los cuatro costados, o sea,
por sus cuatro abuelos? ¿Y qué pasaba en el caso de los matrimonios mixtos?
Si una gitana se había casado con un payo, ¿ella y sus hijos debían ser arrestados?
El Consejo de Castilla recibió rápidamente una tempestad de consultas procedentes de autoridades
locales de toda España y, desbordada, dictaminó que se liberara a aquellos gitanos que hubiesen
logrado algún tipo de declaración oficial que les permitiera no ser reconocidos como tales;
por ejemplo, por llevar muchos años integrados en una comunidad. Por lo general,
las autoridades decidieron no arrestar a las mujeres gitanas casadas con payos,
pero sí a los gitanos casados con payas, basándose en que el fuero del marido era
lo que importaba. Aunque a nivel nacional se dio orden de ahorcar a cualquier gitano que se fugara,
aquel castigo, exagerado para unas personas que no habían cometido más
crimen que el de haber nacido, fue ignorado por las autoridades locales.
Para disgusto del marqués de la Ensenada, apenas dos semanas después de su Gran Redada,
estaba ya claro que aquello era un caos. Los gobernadores de los arsenales de la
Marina se quejaban de que no sabían dónde meter ni a qué destinar a todos aquellos
hombres que les llegaban, quienes, por otra parte, se negaban a trabajar y no hacían
más que alborotar y tratar de fugarse –con éxito en no pocas ocasiones– para reunirse
con sus familias. En la ciudad de Málaga se había destinado el recinto de la Alcazaba,
una fortificación palaciega de la época islámica, para acoger a las mujeres y los
niños gitanos que les enviaran. Pero como fueron más de mil las mujeres con hijos que llegaron,
reenviaron a 650 de ellas a Zaragoza, donde fueron alojadas en la Real Casa de Misericordia,
más conocida hoy como el Palacio Pignatelli, actual sede de la Diputación General de Aragón.
En la Real Casa de Misericordia, aquellas mujeres, desesperadas por recuperar la libertad y reunirse
con los varones de sus familias, montaron un pandemonio: se arrancaron las vestiduras y,
desnudas, taponaron con sus ropas desgarradas los pozos negros del lugar; rompían el mobiliario y la
vajilla; insultaban continuamente al alcaide y sus carceleros; intentaban fugarse una y otra vez...
El 7 de septiembre, en una Junta celebrada para valorar la situación, el marqués de la
Ensenada reconoció que habían fallado en lo principal, que, según sus propias palabras,
era “darles destino con que se impidan tantos daños y se extinga si es posible esta generación”.
Tocaba dar marcha atrás. Y en esa línea, el 27 de octubre se emitió una instrucción según la cual,
Su Majestad solo había pretendido desde el principio encarcelar “a los perniciosos y
mal inclinados”. En virtud de ello, se ordenó la liberación de todos los
gitanos que acreditaran una forma de vida “buena”. Quienes no pudieron demostrar que
poseían un oficio y unos medios económicos suficientes para justificar su libertad,
permanecieron recluidos. Y estos fueron la mayoría.
Hay constancia, por ejemplo, de que en 1754, cinco años después de la Gran Redada,
aún permanecían 470 mujeres presas con sus hijos en Valencia y, en Cartagena,
281 hombres. Aquel año el rey Fernando VI destituyó y desterró de la corte al marqués de
la Ensenada por intentar preparar en La Habana, a sus espaldas, una flota dispuesta a asaltar
las posesiones inglesas de Campeche y Belice. En 1759, el monarca español pereció de enfermedad,
según los últimos estudios probablemente por un trastorno neurológico, un daño cerebral,
a los 45 años, después de un año de inestabilidad mental que le valió el apodo de 'rey loco'. Y
finalmente fue su hermanastro y sucesor, Carlos III, quien, en 1763, aprobó un indulto general
para los gitanos que aún permanecían presos desde la Gran Redada del 49. Pese a ello, los
lentos procesos burocráticos prolongaron aún más su puesta en libertad definitiva. Y no fue hasta
dos años más tarde cuando esta se produjo, después de que el propio Carlos III diera órdenes expresas
de acelerar los trámites y acabar de una vez con aquel asunto. Los últimos gitanos apresados no
recobraron su libertad hasta transcurridos dieciséis años desde la Gran Redada.
¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la Gran Redada de 1749? ¿La conocíais? Me gustaría que nos lo
contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos
a nuestro canal. ¡Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!
