En estos días salió la reglamentación de la reforma laboral propuesta por el presidente milei para las empresas privadas de la Argentina, aprobada por el congreso nacional. En este video vamos a explicarte con claridad de qué se trata, si supone o no una pérdida de derechos para los trabajadores, y vamos a comparar qué disposiciones rigen para estas cuestiones en los países a los que Milei quiere parecerse, y en otras naciones desarrolladas.
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En estos días salió la reglamentación de la reforma laboral propuesta por el presidente
Milley para las empresas privadas de la Argentina, aprobada por el Congreso Nacional.
En este video vamos a explicarte con claridad de qué se trata, si supone o no una pérdida
de derechos para los trabajadores y vamos a comparar qué disposiciones rigen para estas
cuestiones en los países a los que Milley quiere parecerse y en otras naciones desarrolladas.
Si querés saber si vamos a terminar todos trabajando desde casa o desde Marte, quédate.
Vas a enterarte qué hacen los países que tienen una buena legislación laboral.
La pregunta del millón será, ¿nos volvemos más como Noruega o como un meme de Noruega?
La reforma laboral de Milley tiene seis ejes temáticos, vamos a desarrollar cada uno de
ellos.
Estos seis ejes temáticos son los siguientes.
Extensión de los períodos de prueba.
Bloqueos sindicales en los lugares de trabajo.
Blanqueo laboral.
Simplificación del registro laboral mediante procedimientos electrónicos.
La inclusión de la figura de los colaboradores para las pequeñas empresas y las indemnizaciones.
La nueva política laboral extenderá el período de prueba durante el cual el trabajador todavía
no está en una relación de dependencia.
Durante ese período de prueba tendrá salarios más bajos que el resto que perciben los empleados
en blanco y no tendrá derecho a cobrar una indemnización en caso de ser despedido o
de no ser contratado.
Es más, podrá ser desvinculado del trabajo sin causa y no lo podrá utilizar para el
inicio de ninguna acción legal.
Ahora el período de prueba máximo es de seis meses y se va a extender a ocho meses
y también hasta un año en el caso de las empresas chicas y medianas.
¿Cómo es en Suiza, un país al que MILEI quiere parecerse?
Los períodos de prueba en Suiza suelen ser más cortos, generalmente entre uno y tres
meses y luego el trabajador pasa a tener una relación de dependencia.
Entonces, en Suiza son tres meses, no ocho, como en la reforma de MILEI.
¿Cómo es en Italia, otro país que MILEI nombra a menudo como su sombra tutelar?
El período de prueba varía entre tres y seis meses, dependiendo del tipo de contrato
y el sector.
Tampoco es de ocho meses.
En Alemania, seis meses, al igual que en Suecia y Noruega, aunque lo más común es que sea
de tres meses.
¿Y en Irlanda?
El período de prueba estándar en Irlanda no puede superar los seis meses según el
reglamento de la Unión Europea del 2022.
Sin embargo, puede ampliarse a doce meses en circunstancias excepcionales.
Antes, la participación en tomas o bloqueos de los lugares de trabajo era motivo de despido
con causa.
Los empresarios querían que continuara el sistema anterior y los sindicatos querían
eliminarlo.
Ahora queda a criterio del sistema judicial.
El gobierno se corrió y decidió no reglamentarlo.
El derecho a huelga sigue existiendo, pero quedándose en casa, sin hacer una asamblea
en el lugar de trabajo.
¿Cómo se regula esta cuestión en otros países, incluyendo los que mi ley suele mencionar
como modelo?
La ley suiza reconoce el derecho a huelga, pero las tomas o los bloqueos físicos del
lugar de trabajo pueden ser vistos como actos ilegales si interfieren con los derechos de
los empleadores.
Si el bloqueo o toma es considerado ilegal o violento, el empleador podría justificar
un despido con causa.
En la mayoría de los países, las huelgas están protegidas por la ley laboral, pero
las tomas o bloqueos en los lugares de trabajo en general son considerados acciones ilegales
y pueden ser motivo de despido con causa.
Los trabajadores tienen derecho a huelgas pacíficas, pero bloquear físicamente un
lugar de trabajo, especialmente de manera violenta o fuera de las normativas, generalmente
se considera una infracción que puede llevar al despido.
Con la legislación laboral de mi ley se crea la figura del trabajador independiente, que
puede tener a su cargo hasta tres trabajadores independientes o monotributistas denominados
colaboradores, que van a tener que estar inscriptos en el Registro General de Impuestos, por ejemplo
en el caso de kioscos, almacenes y otros pequeños emprendimientos.
El colaborador podrá tener distintos trabajos simultáneamente.
Históricamente en Argentina ya existía un fraude laboral por el cual personas que trabajaban
en relación de dependencia presentaban una factura de monotributista todos los meses.
Hoy hay cuatro millones y medio de trabajadores no registrados en la Argentina.
Podrían iniciar un reclamo judicial, pero no es lo que hacen.
Hay muchos trabajadores que reparten cosas en moto, bicicleta o en su auto y no tienen
licencia por enfermedad o por maternidad, no tienen vacaciones pagas, no acceden a ningún
derecho laboral.
En el corto plazo a las pequeñas y medianas industrias las puede beneficiar, pero a mediano
plazo pueden ser objeto de demandas judiciales.
Si la empresa te obliga a ser monotributista, si cumplís órdenes, si te pagan todos los
meses y no a porcentaje, si te pueden sancionar si incumplís el protocolo de la empresa,
en ese caso sos un empleado, no un colaborador tal como entiende el término la nueva legislación
laboral.
Según el abogado laboralista y docente de la Universidad de Buenos Aires que está al
frente del canal Soy Jurista, que ya hemos recomendado, en la práctica en estos casos
podés hacer un juicio y reclamar una indemnización laboral.
Lo que cambia la ley bases es cuánta plata te van a tener que pagar por el trabajo no
registrado.
Ahí de lo que se trata es de juntar pruebas que evidencien que estás cumpliendo órdenes.
Porque un trabajador verdaderamente independiente decide cuánto trabaja, cuándo cobra, cómo
trabaja, si atiende o no a un cliente, participa de las ganancias, participa de las decisiones
y nada de esto ocurre cuando alguien es un colaborador.
Supongo que si un colaborador trabaja todo el día en un lugar durante años y se trata
de una relación de dependencia encubierta y el negocio es muy próspero, colaborar
colabora pero con los ahorros del patrón.
¿Qué ocurre en este sentido en los países que mi ley suele poner como ejemplo a seguir?
Ni en Suiza, ni en Irlanda, ni en los países escandinavos, ni en los países de la Comunidad
Europea se permite que pequeñas empresas contraten trabajadores sin pagarles derechos
sociales o eviten indemnizarlos si son despedidos.
Tanto las grandes como las pequeñas empresas están sujetas a las mismas leyes laborales
que garantizan la protección de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad
social y derechos de despido.
Las prácticas de eludir estas obligaciones son consideradas ilegales y pueden generar
sanciones severas para los empleadores.
La reforma laboral de mi ley permite a los empleadores blanquear trabajadores que no
están registrados, lo que habitualmente se conoce como empleados en negro, para que
comiencen a percibir beneficios sociales.
Las empresas chicas pagarán un 10% de lo que deberían pagar, las medianas un 20% y
las grandes 30%.
Hasta ahora un empleador podía decirte que para trabajar para él debías hacerte monotributista
o te decía que estabas registrado en parte, pero como un trabajador no puede renunciar
a sus derechos, en cualquier momento se le podía hacer un juicio a ese empleador por
no haberte registrado como corresponde.
Ahora eso cambió.
Aunque las nuevas medidas buscan fomentar la formalización de trabajadores no registrados,
introduciendo incentivos para las pequeñas y medianas empresas mediante la reducción
de multas y cargas sociales, hay preocupación sobre sus posibles consecuencias.
Una de las principales críticas es que esta medida podría legalizar la informalidad en
lugar de erradicarla.
Se teme que empresas que ya operan con personal no registrado se beneficien injustamente frente
a aquellas que siempre han cumplido con las leyes laborales, lo que podría generar una
competencia desleal.
¿Hay leyes de blanqueo en los países que mi ley pone como ejemplos a seguir?
En Suiza, Irlanda y la Unión Europea no se permite a los empleadores evitar sanciones
significativas mediante blanqueos periódicos.
Las leyes laborales son estrictas y buscan prevenir la informalidad laboral, sancionando
fuertemente a los empleadores que no registran a sus trabajadores.
En Suiza el único blanqueo permitido es el de las fachadas de los chalets.
En Irlanda si intentas evadir el registro de empleados, más te vale correr.
Y en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, si no registras a tus empleados,
lo único que vas a blanquear es tu cuenta bancaria pagando multas.
Hay youtubers oficialistas que saltan en una pata por esta reforma.
Dicen, porque vos tenés 10 empleados y ahora no tenés que pagar la deuda por no blanquearlo.
Nunca le hablan a un trabajador, cuando ellos mismos son trabajadores mileuristas y mileístas.
Y dicen que hay un montón de empresas grandes que prometieron blanquear sus empleados y
sale esta ley.
Me da penita pincharles el globo, porque son tan jóvenes y viven en la Argentina, no en Suiza.
Confían en los grandes empresarios como si fuesen mesías enviados por las fuerzas del cielo.
La ley bases de Milei simplifica el registro de las relaciones laborales.
Antes la cosa era con papeles físicos y a veces había discrepancias a la hora de
asignar el comienzo de una relación laboral. De ahora en más pueden realizarse por medios
El trabajador podrá denunciar la falta de registro por medios electrónicos y el sistema
le deberá expedir una constancia de dicha denuncia.
¿Cómo es este procedimiento en los países de los que venimos hablando?
Registrar relaciones laborales en Suiza, en los países escandinavos y en la Unión Europea
es un proceso relativamente fácil y eficiente, con un fuerte enfoque en la transparencia
y se utilizan plataformas electrónicas para facilitar el cumplimiento de las normativas laborales.
Vamos ahora al punto que me parece más problemático y controvertido, el de las indemnizaciones.
Hasta ahora en Argentina las indemnizaciones por despido sin causa eran por antigüedad.
A cada año trabajado correspondía un mes del último salario.
A partir de la nueva ley laboral de Milei son los sindicatos a través de los convenios
colectivos de trabajo que se establezcan con las asociaciones de empleadores quienes podrán
establecer la forma de indemnización por despido.
Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer tres sistemas.
Vamos a detallarlos de a uno.
El primero es la cancelación individual mediante pagos directos del empleador al trabajador.
Es el procedimiento más sencillo.
Los convenios colectivos de trabajo, es decir, los acuerdos entre sindicatos y patronales,
pueden regular la indemnización por despido como quieran.
Pueden variar su monto, los plazos y la modalidad de pago.
Por ejemplo, reducirla en un 50% o permitir su pago en cuotas.
No hay un piso mínimo de indemnización como sí lo había en la ley anterior.
La segunda opción para las indemnizaciones es el fondo de cese individual o colectivo
y el seguro individual o colectivo.
Será una cuenta bancaria especial con aportes obligatorios del empleador y o del empleado.
Se deberá definir un porcentaje o un monto fijo y en qué momento se lleva a cabo.
No es parecido a lo que ocurre en el gremio de la construcción,
donde no suele haber una relación de dependencia porque las obras empiezan y terminan en un momento dado,
sino mucho peor, ya que las indemnizaciones pueden ser reducidas a la nada
e incluso ser financiadas con aportes de los trabajadores.
Y la tercera opción es un fondo de cese.
Se busca que, por medio de convenios colectivos de trabajo,
se llegue a establecer un fondo de cese laboral que reemplace a las indemnizaciones por antigüedad.
El fondo de cese tiene tres modalidades.
Cuentas bancarias, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.
Un fideicomiso financiero es un acuerdo en el que una persona o empresa
pone ciertos bienes o derechos en manos de un administrador
que los maneja para generar dinero y repartirlo entre los inversores.
El convenio colectivo de trabajo regula cuánto se aporta,
qué porcentaje del sueldo o del monto fijo representa
y lo que cobrará el trabajador en cada caso.
Se definirá ahí si lo que aporta el empleador y o el empleado es un porcentaje o un monto fijo.
No hay ninguna garantía mínima respecto del monto de indemnización por despido.
El trabajador despedido va a cobrar lo que haya en la cuenta bancaria,
en los fondos comunes de inversión o en el fideicomiso.
¿Y si la plata se licuó por la inflación y el paso del tiempo?
Mala suerte, si te he visto no me acuerdo.
¿Quiénes hacen los aportes a los fondos de CESE?
¿Sólo los empleadores?
No mi ciela, la reglamentación prevé expresamente que puedan
provenir tanto de los empleadores como de los trabajadores.
Sí, los trabajadores financiando su propio despido.
Porque qué mejor que financiar tu propio despido con entusiasmo,
para que cuando te despidan sientas que el despido te lo ganaste literalmente.
Dicho de otra manera, el Estado se desentiende por completo de su obligación
de garantizar el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario,
derecho que está presente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Dice el artículo 14 bis, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección
de las leyes las que aseguran al trabajador condiciones dignas y
equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos y
protección contra el despido arbitrario, entre otros derechos.
Eso sí, lo que dispongan los convenios colectivos de trabajo será optativo para
los empleadores. Si no les gusta lo negociado en el convenio colectivo de trabajo,
pueden optar por el antiguo régimen de despido equivalente a un mes de sueldo por año de
antigüedad. En teoría, para los trabajadores también sería optativo.
Cuando firmen el contrato por un trabajo, pueden negarse la aplicación del fondo DSS.
Por eso, para el trabajador puede significar quedarse sin trabajo.
Algo así como decir, no gracias, prefiero gozar de la libertad de morirme de hambre.
O como decirle a tu futuro yo, que te las arregles, campeón.
Cuando hay desigualdad de fuerzas, como suele ocurrir entre el empleador y el empleado,
el que suele perder es el más débil. Hay que decir que el trabajador también
puede contribuir a su fondo de desempleo en varios países escandinavos, en Canadá,
Alemania, Chile y Brasil, entre otros países. Pero, pero, también hay que decir que las
indemnizaciones por despido en Argentina no son caras. La nueva ley de MILEI autoriza a pagar
indemnizaciones por debajo de los pisos mínimos establecidos por la ley de contrato de trabajo
de 1974 e incluso podría ser más perjudicial que la ley de 1934, que introdujo por primera
vez las indemnizaciones por despido. En esa época la relación entre empleadores y empleados era muy
asimétrica, pero la ley del 34 buscó compensar en cierta medida esa desigualdad. La propuesta de
MILEI podría generar un desequilibrio aún mayor al otorgar más poder de negociación a los
empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores. El empleador puede no querer
indemnizar según el nuevo sistema, por ejemplo si tiene empleados hace muchos años y no piensa
despedirlos ni quiere aportar un fondo de despidos. Esto será así para los trabajadores que ya
son empleados siempre y cuando los sindicatos establezcan algún mecanismo de regulación. En el
futuro esto puede generar gran cantidad de demandas judiciales. Los empleados podrían
demandar para exigir el cumplimiento de sus derechos adquiridos bajo las leyes anteriores.
La propuesta de MILEI, al reducir o eliminar ciertas regulaciones, podría desmantelar buena
parte de ese sistema de protección que se ha construido a lo largo de décadas. Esto podría
llevar a una mayor precarización del empleo, una menor protección frente al despido y una
reducción de las garantías mínimas de los trabajadores. Veamos qué ocurre en Suiza,
uno de los países que MILEI propuso como modelo a seguir. En Suiza el Estado no impone un sistema
obligatorio y uniforme de indemnización por despido. En su lugar, las indemnizaciones pueden
establecerse a través de la negociación colectiva entre sindicatos y patronales o
mediante acuerdos individuales entre empleador y empleado. Solo en algunos casos específicos el
Código de Obligaciones impone indemnizaciones obligatorias, pero no es la norma general. Por
ejemplo, cuando un trabajador mayor de 50 años estuvo empleado durante más de 20 años en la
misma empresa. En esos casos el empleador podría estar obligado a pagar una indemnización equivalente
a dos salarios mensuales. En Estados Unidos, que no es un modelo social a seguir, la mayoría de
los empleos, tanto empleador como empleado, pueden terminar la relación laboral en cualquier momento,
por cualquier motivo, sin obligación de indemnizar, salvo que se indique lo contrario en el contrato.
Algunos sectores pueden tener acuerdos de indemnización negociados, pero no hay
regulación federal. Lo mismo con el Reino Unido, relación que no es un modelo social a seguir. Aunque
existen derechos básicos como el derecho a un aviso previo de despido, no hay una indemnización
por despido obligatoria a menos que se establezca en un contrato de trabajo o en un acuerdo colectivo.
En Australia la indemnización por despido no es uniforme. Si bien existen leyes que regulan
el despido injusto, las indemnizaciones pueden depender de acuerdos entre sindicatos y empleadores
o de lo que se estipule en el contrato. Otros países que tienen sistemas de indemnización
parecidos al propuesto por mi ley son Nueva Zelandia, Canadá, Japón y Corea del Sur.
¿Qué países tienen indemnizaciones a nivel federal? Es decir, ¿qué es el Estado el que establece cómo
serán? España, Francia, Italia, Colombia, México y Portugal, entre otros. Sin embargo, es
importante notar que en muchos casos las leyes suelen ser complementadas o modificadas con los
convenios colectivos a nivel sectorial o regional.
Vamos a ver a continuación una diferencia importantísima con el sistema de mi ley. Los
países que tienen un rasgo en común con la modalidad indemnizadora de mi ley poseen otra
modalidad de las que el nuevo sistema laboral argentino carece. Me refiero al sistema de
reubicación laboral. Lo administran los sindicatos que se encargan de ayudar a los empleados
despedidos a encontrar nuevos trabajos. Estos programas están financiados por los empleadores
a través de acuerdos colectivos y cubren servicios como orientación laboral, asistencia en la búsqueda
de empleo y formación para adquirir nuevas habilidades que sean demandadas en el mercado
actual. Los trabajadores despedidos pueden acceder a estos programas de manera gratuita o a precios
subsidiados, lo que mejora su empleabilidad. Aunque las indemnizaciones no son tan altas
como en otros países, el gobierno sueco y los sindicatos ofrecen además un sólido sistema de
seguros de desempleo que proporcionan una red de seguridad económica mientras los trabajadores
buscan un nuevo empleo. Este seguro cubre hasta el 80% de los ingresos anteriores durante los
primeros 200 días de desempleo, lo que ayuda a las personas a mantenerse financieramente estables
durante su búsqueda de empleo. Durante este proceso, el Consejo le brinda al trabajador
acceso a una red de empresas y consultoras que buscan perfiles como el suyo, además de sesiones
de coaching para entrevistas laborales. Tiene sistemas como este Suecia, Dinamarca, Noruega,
Finlandia, Holanda, Alemania, Austria y Francia. Veamos las características comunes en estos países.
Fuerte cooperación entre el gobierno, los sindicatos y las empresas para facilitar la
reubicación del trabajador. Formación continua y programas de actualización de habilidades como
parte central del sistema de protección laboral. Indemnizaciones o fondos personales que los
trabajadores pueden utilizar para financiar su transición laboral. Red de seguridad económica,
seguro de desempleo que garantiza estabilidad financiera mientras los trabajadores buscan un
nuevo trabajo. Estos sistemas buscan reducir la inseguridad económica del trabajador, minimizar
el tiempo de desempleo y asegurar que los trabajadores mantengan empleabilidad en un
mercado laboral dinámico. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central
de Trabajadores de la Argentina, sostiene que el decreto reglamentario de la reforma laboral de
mi ley establece que los convenios podrán prever un sistema especial para los contratos ya existentes,
no mucho más. La ley no puede tener efectos retroactivos pero puede incidir en los contratos
en curso. La indemnización por despido podría reducirse pero en algún punto dejaría de calificar
como protección contra el despido arbitrario. Hay muchas cosas para reformar en nuestras
modalidades de trabajo. Hoy un trabajador que acaba de ser padre tiene dos días de licencia
por paternidad y si el hijo nació el sábado, la licencia es el sábado y el domingo. Sin embargo,
temas como ese no parecen formar parte de la agenda del presidente. Un problema es que por
más que tengamos las mejores leyes laborales, el Producto Bruto Interno de Argentina no crece
desde el 2012 y esto impacta necesariamente en la vida de muchos trabajadores. En América Latina
sólo están peor en ese sentido Haití, Nicaragua y probablemente Venezuela. Digo porque los datos
de Venezuela no suelen ser muy fiables. Contribuyó esta situación de Argentina la alta inflación que
complica la planificación económica y la dependencia de sectores económicos vulnerables
como la agricultura. Una objeción que podría hacerse a los críticos de la reforma laboral
es que los sindicatos no van a perjudicar a los trabajadores. Sin embargo, en los 90
establecieron acuerdos que permitieron reducir y limitar ciertos derechos laborales. Otra objeción
que cabe imaginar es que los países citados pueden tener sistemas de reubicación laboral
porque son más ricos que la Argentina. Pero la flecha causal podría dispararse en sentido inverso.
En virtud de que esos países tienen sistemas de reubicación laboral es que pueden garantizar
un derecho que no garantiza la reforma laboral de mi ley que es el derecho a tener un trabajo
digno consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En Argentina el derecho
al trabajo digno a veces parece un chiste de mal gusto. Todos se ríen pero nadie lo entiende.
El sistema de reubicación laboral merece ser exportado de los países que lo aplican. Es
algo así como tener un GPS para los trabajadores. Si no encuentran su lugar,
al menos tendrán a mano un buen mapa.